La decisión de varios municipios de la Pcia. De Bs. As de complementar con ordenanzas locales la antigua pero vigente ordenanza general 165/73 para obras públicas municipales en la red de caminos rurales volvió a poner sobre la mesa la necesidad de definir, no solo una manera de financiar los trabajos, sino de como generar obras aptas, duraderas y económicas.

El debate se instaló luego de que se conociera la noticia de que algunos municipios promulgaran o tengan en estudio ordenanzas que habilitarían la realización de obras rurales mediante contratación directa entre vecinos y empresas constructoras, es por eso que desde el Colegio señalaron que algunos artículos de las normativas, a diferencia de la mencionada ordenanza 165/73, dejan abierta la posibilidad de que se ejecuten trabajos técnicamente complejos sin exigir de manera expresa la intervención de profesionales con título y alcance suficiente para esas tareas.

Desde el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires celebraron la iniciativa que busca generar las herramientas legales para que se ejecuten obras impulsadas por productores y vecinos, pero al mismo tiempo expresaron su preocupación porque algunas ordenanzas delegan en áreas administrativas municipales la decisión, en función de la “complejidad” de cada obra, sobre cuándo sería necesaria la intervención de Ingenieros. Para el Colegio, ese criterio resulta insuficiente desde lo formal porque para garantizar la calidad de la obra y resguardar la inversión de los vecinos debe haber al frente de las tareas profesionales Ingenieros civiles, viales o hidráulicos que son quienes poseen incumbencia específica y matrícula habilitante para toda tarea profesional relacionada con estas obras. Los riesgos de posibilitar que dichas intervenciones sobre calles de la red pública puedan desarrollarse sin contar con su asesoramiento para generar los estudios topográficos, hidráulicos y de estructura del camino necesarios, todos ellos aspectos que pueden impactar directamente no solo sobre el servicio y la vida útil del camino sino sobre la inundabilidad de los establecimientos productivos aledaños y sobre terceros si no son correctamente evaluados.

En ese sentido, desde la entidad que preside Jorge Castellano advirtieron que una obra deficiente puede derivar en anegamientos, deterioro prematuro de caminos, afectación de escurrimientos naturales, “Si no se quiere gastar dinero sin sentido se debe comprender que estas obras no consisten en alquilar una motoniveladora y volver a conformar el suelo para tener el mismo problema luego de un par de lluvias, tenemos que entender que estos caminos deben proyectarse para brindar acceso en todo clima por lo que la presencia de profesionales matriculados no es un requerimiento burocrático, sino que es una necesidad porque es el profesional quien brinda la garantía técnica y legal para todas las partes involucradas ”.

Desde la institución colegial sostienen que, “Nuestro objetivo es asegurar que las inversiones en obras por los propietarios se hagan correctamente, con respaldo técnico de acuerdo con el marco legal existente”, también señalaron que la problemática aparece en varios municipios bonaerenses que buscan mecanismos más ágiles para ejecutar mejoras rurales, todas iniciativas en el mismo sentido que el Colegio viene expresándose en los últimos tiempos, es por ello que para los Ingenieros, debe darse la discusión sobre la cuestión de fondo: cómo ejecutar obras tan necesarias para el crecimiento del principal motor productivo de nuestra provincia sin repetir el modelo de falta de controles técnicos con el que se ha trabajado hasta la fecha, ¿Podemos pensar que cambiará la lamentable situación actual si se sigue haciendo lo mismo?, ¿Hasta cuándo vamos a seguir resignando en estos trabajos estándares técnicos, controles profesionales y durabilidad en desmedro de los vecinos y productores agropecuarios que solventan el costo de su ejecución? La entidad insiste en que una obra de caminos rurales de calidad, económica y duradera es incompatible con normativas que no prevén la participación obligatoria de ingenieros matriculados con incumbencia para ello, agregando además que esta debe ser considerada una condición básica para garantizar obras aptas técnicamente, durables y con el menor costo para quienes las pagan.